SANTO DOMINGO.- Oficiales del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE) fijaban los precios de los servicios e incluso se ganaban 800 mil pesos y hasta 2 millones al mes, operando a discreción y a su propio antojo, medrando de esa manera.

Esa revelación procede de nada más y nada menos que de Roberto Rosario, expresidente de la JCE citado para la ocasión por el Listín Diario.

Según él, la práctica aberrante consistía en que el oficial del Estado Civil manejaba a sus anchas los ingresos, usándolos para cubrir los gastos administrativos y se quedaba con el resto.

Además, ponía las tasas que se pagaban en el Registro Civil y así tenía otras ‘entraditas’ aparte de lo recaudado por concepto de documentos (actas de nacimiento, matrimonial, de defunción, etc.).

Cuando oficiaba un matrimonio dentro y fuera de la oficina, se ganaba otra plata.

Ahora, fuera ya de la JCE, Rosario puede contarlo. En efecto, dice que se fijaba un costo diferente en cada Oficialía, al margen de los perjuicios que le ocasionaba esto a la población.

Afirma que en ciertas Oficialías operaban mafias que ‘se la ponían en China a la gente’ en cuanto a la obtención de documentos.

Los oficiales mafiosos hacían sus truculencias valiéndose del 98 % de los trabajos manuales que se hacían en esas representaciones de la JCE.

También se combinaban con empleados ambiciosos y corruptos de la JCE para extorsionar personas que a veces debían pagar sumas astronómicas para poder conseguir ciertos documentos.

En ocasiones, esos documentos duraban pila de tiempo para entregárselos.

Rosario, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, señaló que la situación venía ocurriendo desde los lejanos años 80′ y 90′, y era ampliamente conocida, pero no había interés en desmantelar esa red de corrupción.

En la JCE dirigida por él, los escándalos aparecidos en periódicos y medios audiovisuales retumbaron y entonces se tomó la decisión de enfrentar el entramado. Así, en 2007 se refrendó un reglamento y se declararon públicos esos ingresos.

Esa normativa estableció que los oficiales del Estado Civil tendrían en lo adelante un sueldo fijo pagado por la JCE, y así se acabó la mafia de antes, cuando esos oficiales se servían con la cuchara grande.

A partir de entonces, las recaudaciones del organismo electoral subieron de forma astronómica. Lo que antes iba a parar a los bolsillos de los encopetados oficiales, ahora entraba a las arcas de la Junta.

Casos

Algunos casos dan cuenta de estas telarañas de corrupción. En 2008, verbigracia, la Oficialía de La Victoria fue intervenida tras serias denuncias de corrupción, al saberse que se hacían fraudes con las actas de natalicio que eran negociadas y certificadas, pero en blanco, al módico precio de hasta 200 mil ‘tululuses’.

Más recientemente (2020), el juez Ramón Madera Arias, del TSE, afirmó que había una mafia orquestada por el Registro Civil y que corroía las mismas entrañas de la JCE, para darle cédulas a narcotraficantes como Figueroa Agosto y otros de la misma calaña.

Roberto Rosario asegura que la misma situación que había antes con las Oficialías, existe actualmente con ciertos consulados dominicanos que operaban con toda discreción.

Puso como ejemplos los consulados en Nueva York, Madrid, Barcelona y Haití, autónomos en su funcionamiento para recaudar fondos a sus anchas.

Por cierto, le reprochó al Gobierno del Cambio que no haya eliminado todas esas redes consulares de discrecionalidad aberrante y turbia.

“No hay voluntad política de este gobierno para que eso que se está haciendo, utilizando la función pública para beneficios privados, se pase a convertir en una acción o política pública que favorezca a los ciudadanos y al propio Estado”, sostuvo en definitiva.-

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