SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) realizará el próximo 25 de noviembre su segunda subasta pública de 2026, con 200 bienes valorados en aproximadamente RD$1,000 millones, procedentes de diversos procesos judiciales.
El director ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, informó que entre los expedientes vinculados a los bienes figuran los casos de Alexis Medina Sánchez, Calamar, Búfalo NK, José del Carmen Cruz y Blue Light.
Explicó que los activos proceden de procesos relacionados con corrupción administrativa, trata de personas, lavado de activos, narcotráfico y falsificación de medicamentos. La institución espera superar los RD$562.8 millones adjudicados en su primera subasta, celebrada en mayo.
Entre los bienes disponibles habrá casas, apartamentos, solares, fincas, vehículos, aeronaves, joyas y relojes ubicados en distintas zonas del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte, Santiago y Verón, La Altagracia.
El catálogo oficial será publicado el 19 de octubre.
ALQUILERES Y EXTINCIÓN DE DOMINIO
Oviedo informó que el Incabide revisa los contratos de alquiler de inmuebles recibidos del Ministerio Público, con el propósito de adecuar los cánones a la ubicación y condiciones de las propiedades.
Asimismo, indicó que existen más de 25 procesos de extinción de dominio en curso, aunque el instituto aún no ha recibido bienes correspondientes a una primera sentencia, debido a un recurso de casación pendiente ante la Suprema Corte de Justicia.
FECHAS DE LA SUBASTA
Las inscripciones estarán abiertas del 19 de octubre al 7 de noviembre, mientras que las visitas a los inmuebles comenzarán el 10 de noviembre.
La subasta se realizará en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES). Los bienes muebles serán ofertados de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y los inmuebles a partir de las 2:00 de la tarde.
El Ministerio de Hacienda y Economía deberá publicar a principios de diciembre un informe sobre el destino de los recursos obtenidos. Según la ley, estos deben utilizarse primero para resarcir a las víctimas y cubrir compromisos relacionados con los bienes decomisados, y el remanente ingresar a la Cuenta Única del Tesoro.
