Por: Teodoro Díaz Cuevas
La República Dominicana se encuentra inmersa en un proceso de transformación judicial sin precedentes, donde la búsqueda de la tutela judicial efectiva ha dejado de ser un enunciado retórico para convertirse en el norte de nuestra institucionalidad. Estos cambios significativos, impulsados por una visión de modernidad y eficiencia, han permitido que el sistema evolucione hacia un modelo más humano y accesible.
En este escenario de reforma constante, la figura del Juez de Paz emerge con una relevancia renovada; no solo como el primer peldaño del engranaje jurisdiccional, sino como el garante directo de la proximidad y la probidad.
Es en esta jurisdicción de cercanía donde la dominicanidad encuentra su respuesta más inmediata, consolidando una administración de justicia que se define, ante todo, por su integridad y su compromiso con la paz social.
La función del Juez de Paz
El Juez de Paz tiene competencias en casos de menor complejidad, como contravenciones y conflictos civiles, siendo el primer contacto del ciudadano con la justicia, demandando conocimiento y ética. Su actuación cotidiana incide directamente en la percepción social de la justicia y en la confianza pública en las instituciones, por ello se le exige no solo conocimiento técnico del derecho, sino también sensibilidad social, responsabilidad institucional y conducta ética intachable.
En este contexto, la proximidad con la población y la probidad en el ejercicio de la función jurisdiccional se constituyen en principios esenciales para garantizar una administración de justicia accesible, transparente y conforme al Estado Social y Democrático de Derecho proclamado por la Constitución de la República Dominicana.
En otro orden, los jueces de paz están llamados a exhibir una conducta intachable, sustentada en principios éticos sólidos, donde la probidad constituya su estandarte fundamental.
Dada su condición de primer contacto entre el ciudadano y el sistema de justicia, su comportamiento no solo debe ajustarse estrictamente a la Constitución y a las leyes de la República Dominicana, sino también a los más altos estándares de integridad, imparcialidad y transparencia. La función jurisdiccional que ejercen exige una actuación coherente con los valores que legitiman la autoridad judicial ante la sociedad.
Cuando un ciudadano dominicano entiende que le han sido vulnerados uno o varios de sus derechos fundamentales o legales, acude de manera natural al juez de paz, en busca de ser escuchado y de obtener una respuesta efectiva frente a la conculcación de derechos que percibe. Este primer acercamiento al sistema de justicia coloca al juez de paz en una posición clave, como garante inmediato del acceso a la tutela judicial efectiva y del respeto al debido proceso.
Es precisamente en ese contexto donde entra en acción el juez de paz, quien tiene el deber ineludible de escuchar con atención, orientar y conocer la pretensión del ciudadano, actuando con sensibilidad social, imparcialidad y apego estricto a la ley. Su función no se limita a recibir la queja, sino que implica valorar los hechos planteados y administrar justicia dentro de los límites de su competencia, procurando siempre la protección de los derechos involucrados y la correcta aplicación del ordenamiento jurídico vigente.
De esta manera, el juez de paz se convierte en un eslabón esencial entre la población y el sistema judicial, garantizando que ninguna reclamación legítima sea ignorada y que toda persona reciba una respuesta fundada en derecho. Su actuación diligente y transparente fortalece la confianza ciudadana en la justicia y reafirma el rol del juez de paz como figura cercana, accesible y comprometida con la defensa de los derechos y la paz social.
En definitiva, el juez de paz encarna la justicia en su expresión más cercana y humana, siendo el primer garante de los derechos del ciudadano y un pilar esencial del sistema judicial dominicano.
Su proximidad con la población exige no solo sensibilidad social, sino un compromiso ético inquebrantable, donde la probidad oriente cada actuación y decisión. Solo a través de una conducta íntegra, transparente y apegada a la Constitución y las leyes, el juez de paz puede fortalecer la confianza pública, consolidar el acceso a la justicia y contribuir de manera efectiva a la construcción de una sociedad más justa y democrática.
El autor es abogado, psicólogo y educador.
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