Santo Domingo.- Dieciséis personas implicadas en la red delictiva del caso Lobo, señaladas por el Ministerio Público por distribuir sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, podrían enfrentar prisión preventiva como medida de coerción.
Los implicados se encuentran detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se les conozca medida de coerción. Se espera que en el transcurso del día el Ministerio Público deposite la solicitud correspondiente ante el tribunal.
Entre los imputados figuran: Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de una empresa de seguridad privada; Bolívar Nicolás Fernández Espinal; Miguelina Antonia Rosario Sánchez; Mateo Hernández Cabrera; Belkis Antonia Fernández; José Guillermo Rodríguez Estrella; Andrés Pacheco Valera y Francisco Guarín Fernández Vásquez.
También fueron arrestados: Miguelina Del Carmen Baz Tellería, Daniela Cuevas Santana, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Ramón Quezada Ortiz, Carlos Ambrosio Robles Díaz, Elías Caamaño Pérez, Sterling Antonio Peralta Santo, Antonio Valentín Jáquez López y el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos.
De acuerdo con la investigación, la estructura delictiva utilizaba la cuenta bancaria del oficial Wellington Peralta Santos para recibir fondos como pago de servicios. Según su abogado, Carlos Nova, su representado facilitó la cuenta bancaria de su esposa por solicitud de su superior, un coronel, quien le pidió que consiguiera una cuenta para recibir los fondos.
El jurista aclaró que su cliente desconocía el origen del dinero recibido.
Instituciones involucradas
Conforme a reportes oficiales, un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
La Dirección General de Persecución y la Pepca adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
